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Entrevista a Enrique Bardají

 

Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.  Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Madrid a partir de 1976, desempeñó varios cargos en la administración municipal madrileña, como Consejero Delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Gerente Municipal de Urbanismo de Madrid entre 1982 y 1987.

Desde 1987 trabaja en el ejercicio libre de la profesión y es Consejero Delegado de E.  Bardají y Asociados S.L., arquitectos.

Fue Profesor del Departamento de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde 1996 a 2013 y en la actualidad es Profesor Ad Honorem de dicha Escuela Técnica.

Su actividad como arquitecto y urbanista, con igual intensidad en ambas disciplinas, ha estado dirigida a la práctica profesional pero no exenta de aproximaciones teóricas tanto en su actividad académica como en numerosos escritos y publicaciones.

 

Entrevista

Realizada por Alberto Leboreiro Amaro

 

Es una pena, en una entrevista como ésta, no poder incorporar el rico anecdotario que este profesional nos ofrece derivado de una vida dedicada al urbanismo de nuestras ciudades, en la enseñanza del urbanismo y en la edificación de la ciudad y de la cantidad de gente conocida a lo largo de los años. No podemos más que agradecer su contestación distendida a las preguntas planteadas. 

¿Qué  influencia tuvo en tu carrera tu conocimiento de Kleihues  y su concepto de “reconstrucción crítica”  de Berlín, mediante un  instrumento regulador del desarrollo urbanístico de la ciudad que recupera las tipologías arquitectónicas tradicionales, a través de su reinterpretación?

Me ha influido mucho, si no en las cosas que he hecho, si al menos en mi pensamiento sobre la ciudad. Conocí a Joseph Paul Kleihues al invitarlo, tras su planificación para Berlín Oeste de la zona de La Friedrischstrasse, a participar en el Plan Especial de Protección del casco histórico de Santiago de Compostela que desarrollamos con Juan Luis Dalda y Angel Viñas.

Kleihues se situaba con claridad y presencia pública en una de las partes del debate que, a lo largo del siglo XX se ha venido planteando entre la “construcción de la ciudad” (Städtebau) o diseño urbano y el “proyecto de la ciudad” (Städteplannung) o planificación. Kleihues, desde su cátedra de Dortmund, planteaba la “reconstrucción crítica de la ciudad europea”. Ello suponía reconocer no solo la tipología arquitectónica, sino especialmente la morfología urbana de la ciudad existente como instrumento generador de su crecimiento o transformación.

En el marco del nuevo trazado urbano, heredero de los patrones de los  trazados históricos, la recuperación crítica de tipologías tradicionales permitía abordar la nueva arquitectura no ya desde planteamientos “postmodernos” (como en mi opinión superficialmente se le ha atribuido) sino desde la superación (con lo que él llamaba el “racionalismo poético”) de un Movimiento Moderno distanciado de la Historia.

Para mí Kleihues fue un maestro, un maestro a la antigua. Fue Kleihues quien me apoyo para sucederle en su cátedra de proyecto urbano en Dortmund cuando a él lo nombraron catedrático en la Academia de Artes de Düsseldorf. Aquél fue un corto tiempo muy grato para mí y al que tuve que renunciar por no poderlo compatibilizarlo con mis obligaciones españolas.

A Kleihues no le gustó mi renuncia y aún así mantuve con él una profunda amistad hasta su prematura muerte en 2004.

 

Desde febrero 1982 a junio de 1987 fuiste Gerente Municipal de Urbanismo de Madrid. ¿Qué diferencias ves entre esta etapa y la situación actual de Madrid?

Aquella etapa se vivió con la vocación de hacer cosas, lo que significaba aproximarse a la actividad urbanística desde la posibilidad de realizar transformaciones físicas de manera no tan burocratizada como en la actualidad y con muchas más posibilidades de acción concertada entre el proyecto, su dotación económica y su ejecución. 

En aquel momento la configuración legal de la Gerencia de Urbanismo como institución urbanística municipal era completamente distinta de la actual, con una estructura organizativa derivada de la Ley Especial de Madrid, y con una gran autonomía tanto presupuestaria como de organización y gestión interna. El Gerente de Urbanismo era en aquel entonces un delegado especial que tenía todas las competencias urbanísticas delegadas del alcalde y por lo tanto una gran capacidad de decisión. Con posterioridad a mi nombramiento como Gerente, y tras las segundas elecciones municipales democráticas, se gestó, gracias a Jesús Espelosín, Ingeniero de Caminos y Concejal de Urbanismo, el Área de Urbanismo e Infraestructuras (AUI) que recogió todas las competencias de intervención física sobre la ciudad. Esta concentración permitió el desarrollo de numerosísimos temas, alguno de los cuales siguen vigentes, urbanísticamente hablando, en la ciudad de Madrid. Esta capacidad de decisión unificada es el primer factor de diferencia con la actividad urbanística del Madrid actual en el que las competencias sobre la intervención física en la ciudad están muy dispersas.

El segundo factor es la diferencia de la actividad política. En mi opinión hoy se da una excesiva “ideologización de lo cotidiano”, en muchas ocasiones apartado de la racionalidad y, a veces, lo que es peor, de la legalidad. Cualquier actividad de trámite en materia urbanística está sometida a un control exhaustivo bajo la fórmula, extensible a todos los partidos, del “de qué se trata que me opongo”.

Lo importante no es que las cosas se hagan bien si no que se tenga diariamente presencia en los medios de comunicación. La politización de la actividad urbanística de trámite lleva a una parálisis de la actividad urbanística administrativa. Obviamente que los políticos municipales electos deben convenir cuales son los caminos de futuro de la ciudad y cuales las formas de implementación de ese futuro pero, una vez determinadas estas grandes líneas, debe haber una mayor responsabilidad de los profesionales y técnicos municipales. Sin embargo, hoy el debate político es de tal intensidad en cada licencia, por ejemplo, que los procedimientos para evadir responsabilidades técnicas se han incrementado, en el caso de Madrid, de una manera totalmente paralizante, precisándose, para seguir con el ejemplo, hasta siete firmas para cualquier autorización.

 

¿Qué aportó el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, planificador hasta el mínimo detalle, en contraposición al del 97, más flexible o a la carta de cara al promotor? ¿Cuáles crees que son las ventajas de un modelo u otro?

Creo que el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 fue un Plan innovador y que sirvió de ejemplo a toda una generación de Planes de los años 80.

En mi opinión, tenía varios atributos novedosos y, desde la perspectiva de su época, totalmente favorables para la ciudad. El primero su carácter programador de inversiones. De hecho, la creación del AUI fue la adecuación de la gobernanza municipal para la ejecución del Plan. El segundo factor su vocación urbana (“Recuperar Madrid” era su eslogan) y su detalle de diseño desde una perspectiva morfológica, en mi opinión actual, excesivamente prolija. Por ejemplo, en la documentación de elaboración del PGOU 85 hay un dibujo a mano de José Mª García de Pablos (arquitecto y uno de los responsables de la Oficina del Plan) del ensanche de Las Rosas, que como trazado se pasa a una ficha urbanística del PGOU que conserva exactamente la esencia del dibujo, desde ella al Plan Parcial y desde él al proyecto de urbanización y a la construcción del barrio entero tal como García de Pablos lo había ideado. Desde luego esta actitud está en la tradición de la preocupación morfológica sobre la ciudad, pero al plantearla desde un documento de tanto peso normativo como son los Planes Generales en la legislación urbanística española, restó debate a la configuración de la forma de la ciudad.

El Plan del 97 se sitúa en posiciones aparentemente contrarias al pensamiento que formuló el plan del 85, bajo la idea de que éste era un plan restrictivo al crecimiento económico de la ciudad y el del 97, sin embargo, favorecedor de dicho crecimiento económico, explicitado sobre todo por una ocupación general del territorio municipal disponible en la clasificación del suelo urbanizable. Y digo “aparentemente contraria” porque, en mi opinión y por recordar algunas cosas, el PGOU 97 mantiene las características de protección que suponía el Catálogo del PGOU 85 herencia del Precatálogo, mantiene la estructura de las Normas Urbanísticas y de las fichas de desarrollo, no introduce ningún nuevo instrumento de gestión y, eso sí, clasifica mucho más suelo en especial el Ensanche del Este. El resultado es que el PGOU 97 no facilita de ninguna manera la gestión y tiene una extraordinaria dificultad en la interpretación de su normativa. Los Planes Generales (y eso en mucha menor medida el del 85 que el del 97) plantean su gestión importante no por desarrollo de los Planes sino por modificaciones de los mismos. Y en estas modificaciones se atienden a criterios de señalado interés público o de menos señalado interés público. El Pasillo Verde Ferroviario se ha desarrollado mediante Modificación del Plan, de la misma manera que Madrid Nuevo Norte o la antigua ciudad deportiva del Real Madrid (las cinco torres de la Castellana) o Mahou – Calderón.

Los Planes Generales, en los asuntos de verdadero impacto para la ciudad, no se ejecutan, sencillamente se modifican.

Es bien conocido que esta práctica, ligada a la extraordinaria dificultad de interpretación no solo de las Normas Urbanísticas de los Planes Generales sino de toda la legislación urbanística, ha llevado a una juridificación enorme de la tramitación de las figuras de planeamiento, que en mi opinión es imposible seguir manteniendo por la inseguridad jurídica que supone y por la limitación injustificable a la actividad económica (de todo tipo, poner un bar o desarrollar una sede de una empresa logística, por ejemplo).

 

¿Cuál es tu experiencia como profesor? Has estado en la Facultad de Arquitectura de Dortmund (Alemania) en 1992 y en la ETSAM, en el Departamento de Urbanismo, desde 1996 a 2013, de la cual eres Profesor ad Honorem. ¿Cómo ves el futuro de la profesión de urbanista y su enseñanza, cuando no existe una verdadera especialización, ni titulación propia?

No creo que sea necesaria una titulación propia del Urbanismo.

La planificación de la ciudad supone establecer una amplia interdisciplinariedad, en la que todos los especialistas deben aportar con profundidad sus conocimientos. Dar abastecimiento de agua a una población o diseñar el ajuste territorial de las políticas sanitarias no puede ser explicado, al tiempo, en una única facultad. Sin embargo, todas las aportaciones sectoriales deben integrarse en un esquema cuya característica básica y fundamental es que, después de ser analizadas en su propia condición, suponen intervenciones físicas. La suma de estas intervenciones es el diseño urbano. Defiendo cada vez con mayor convicción que el planeamiento general no debe ser programador de las inversiones sectoriales como hoy todavía se sigue planteando, sino suma y dirección de las intervenciones físicas estratégicas. Creo que el Plan General de Ordenación Urbana debe ser el Plan Estratégico Municipal (derivado de los Planes Territoriales de condición sustancialmente económica) que determinarían el planeamiento de desarrollo que es donde se fijaría el contenido del derecho de la propiedad del suelo, el trazado urbano y la participación ciudadana más directa. Y en este sentido (que exigiría el cambio de nuestras legislaciones urbanísticas y ambientales) la competencia del diseño de la ciudad, como disciplina, se reparte entre el arquitecto, el ingeniero y el psicólogo ambiental como actor capaz de introducir criterios cognitivos a los distintos actores en la participación ciudadana.

 

Has trabajado en planes de rehabilitación urbana como el de Santiago de Compostela, por el que recibiste el “Premio al planeamiento local de la Comunidad Económica Europea” y en el Estudio de rehabilitación y renovación urbana del sur del centro histórico de Madrid. ¿Cuál crees que es el la justificación de estos planes y por qué crees que no tienen éxito estas operaciones de rehabilitación en el sector privado, frente a los nuevos desarrollos?

Creo que han tenido poco éxito cuantitativo por varias razones. La primera, la orientación cultural de la protección arquitectónica.

El trabajo metodológico e ideológico de Cervellati y Scannavini con el Plan de Recuperación del Centro Histórico de Bolonia y su libro “Metodología de la Restauración de los Centros Históricos” tuvo una fuerte influencia en España y, especialmente, en Madrid. Esta influencia generó un movimiento en contra de la demolición indiscriminada del patrimonio edificado y de recuperación del patrimonio histórico-artístico. Este movimiento estaba totalmente justificado por la situación existente, entre otros sitios en Madrid, en los años setenta. En los primeros años ochenta en Madrid se pasó de la concesión de licencias de demolición por 500.000 m2 anuales de los años anteriores, a reducirse prácticamente a cero como consecuencia del Plan Especial de la Villa de Madrid, lo que creó una cultura de la protección de gran valor para la protección de numeroso patrimonio arquitectónico que en aquel entonces estaba en peligro. Es el punto de partida de una orientación cultural que establece la prioridad básica de la intervención en el patrimonio edificado inicialmente en la protección del edificio y su presencia en la ciudad, más adelante se extiende a la tipología y condiciones estructurales y constructivas y finalmente a cualquier elemento que tenga más de una determinada edad (recuperando, en cierta medida, el valor conceptual del “ripristino” de Bolonia). En su posicionamiento más radical, se entiende el patrimonio como algo estanco, vinculado al momento histórico original, sin posibilidades de evolución.  En esta orientación, fuertemente extendida en el mundo técnico administrativo especialmente el no ligado a la gestión (los arquitectos municipales si conocen las exageraciones que las normas les obligan en muchas ocasiones a defender), no se entiende en gran medida el porqué de considerar la protección del patrimonio en relación con otros temas, fundamentalmente la seguridad estructural, la accesibilidad y la eficiencia energética o incluso el cambio de los usos. Esta perspectiva dificulta extraordinariamente la actividad constructiva sobre la ciudad consolidada en su conjunto.

El segundo dato para explicar el poco alcance de las intervenciones en los cascos históricos, es el proceloso mundo de la equidistribución en nuestra legislación y su impacto negativo sobre el tejido histórico ignorando los procesos de construcción de la ciudad. Por ejemplo, la Ley de Madrid y el coeficiente de edificabilidad en las áreas homogéneas que establece dicha Ley, impiden actuaciones de transformación y dotación y la aplicación de la ley de las tres R (Rehabilitación, regeneración y renovación), negando el incremento de edificabilidad necesario para obtener dotaciones.

Finalmente, no hay una industria de la rehabilitación y sí de la nueva construcción. Sí hay empresas especializadas en la obra de rehabilitación (dispersa y pequeña en general) pero no en su promoción y gestión de la inversión.

Prioridad de la protección sobre la accesibilidad y la eficiencia energética, imposibilidad práctica de las actuaciones de transformación urbanística e inexistencia de una industria de la rehabilitación son los tres elementos sustantivos, en mi opinión, para que las intervenciones en los cascos consolidados no sean todo lo importantes que el deterioro de nuestros cascos y la eficiencia energética precisan.

 

Escribiste el artículo para la revista Ciudad y Territorio en el año 2011 titulado “El planeamiento de escala intermedia como corazón del planeamiento español: Una propuesta de nueva organización de las figuras de planeamiento”. ¿Cómo ves ahora esa escala intermedia en Madrid  y en Europa?

La verdad es que vengo reivindicando, sin ningún éxito, la modificación del contenido de la escala del planeamiento español desde hace mucho tiempo. Antes he hablado también del tema y reitero que hay que defender el Plan General como estratégico y las figuras intermedias (Planes Parciales y Especiales) como las que deberían fijar el contenido del derecho de propiedad (el aprovechamiento urbanístico), los trazados y la volumetría de la escena urbana. Los Planes Generales en España y especialmente en la Comunidad de Madrid ya no sirven, de hecho, ya casi no se aprueban nuevos Planes. Cuando hay que hacer algo se modifican con un esfuerzo administrativo y de tiempo insoportables.

La participación ciudadana en el nuevo Plan General que preconizo debe ser institucional, de la sociedad civil articulada y el vecino, de manera agrupada o aislado, debe intervenir en lo que le es próximo, lo que tiene al lado de casa y éste es el campo en el que el planeamiento de desarrollo tiene futuro.

 

¿Puedes hablarnos de la operación Mahou o de la Fuencarral-Malmea y sus contenidos más innovadores, en como aborda el cosido de la ciudad frente a las islas urbanas?

En relación con lo que vengo sosteniendo, Mahou no es un mal ejemplo (puedes ver el artículo de Enrique Bardají sobre este proyecto en este enlace). Ha sido un proceso interesante de Modificación del Plan General con Ordenación Pormenorizada después de la Sentencia del Tribunal Supremo que anulo el planeamiento anterior, que ha permitido la fijación de una intensidad edificatoria, en función de su localización, en torno a las 75 viv/ha, para la integración de 140.000 m2 de edificabilidad y en segundo lugar ha sido utilizado como fórmula de participación ciudadana. Sostengo que los vecinos deben opinar sobre las actuaciones urbanísticas de su entorno más allá de los periodos legales de información pública. Pero los vecinos no deben diseñar. Una vez fijados los criterios básicos de ajuste a la legalidad, zonas verdes, equipamientos y   establecida una ordenación específica con el Ayuntamiento, cuando existe un documento de avance o masterplan, si deben intervenir en profundidad valorando la oportunidad de los contenidos concretos del planeamiento. En la operación Mahou –Calderón así lo hicieron y creo que con resultados buenos para la ordenación urbanística cuyo principal objetivo ha sido integrarse de forma amable en la trama urbana adyacente, prolongando las calles existentes, llevando el parque del río hacia el centro del casco histórico o edificando con una densidad e intensidad edificatoria similares a la del ámbito donde se inserta.

Lo que me preguntas sobre Fuencarral - Malmea, Madrid Nuevo Norte es, en mi opinión, una oportunidad perdida.

La operación parte de un defecto urbanístico para mí evidente, pero que sin embargo hoy es legal: la inconveniencia urbanística de que suelos públicos destinados a infraestructuras generales que van a seguir siendo en el futuro, y de acuerdo con el planeamiento, sistemas generales de infraestructuras, generen aprovechamientos urbanísticos sencillamente porque se “meten” en un sector mayor.  Si, exagerando el argumento, en vez de solo meter en el sector urbanístico el haz de vías de Chamartín se hubiese metido las vías que continúan hasta Burgos, el aprovechamiento a concentrar en los terrenos que no están ocupados por vías sería mucho mayor para ADIF como “propietario” (por vía de expropiación u onerosa). Esta circunstancia generó una edificabilidad sobre los terrenos no ocupados por vías que fue incrementándose con el paso del tiempo hasta consolidarse, con independencia de que el Ayuntamiento de Madrid en la última negociación (mediante nueva MPG, como todas) no incluyera una parte importante de las vías en el sector. ADIF cedió sus derechos sobre los aprovechamientos a BBVA y San José (DUTCH o DCN ahora) en un determinado precio y ese precio fijaba para la empresa los aprovechamientos (lo que debía construirse) por los que habían pagado (o van a pagar). Este tipo de razonamiento para la construcción de la ciudad es, en mi opinión, tremendamente pernicioso para los resultados finales del espacio urbano. Lo que se proyecta no está en función de los criterios del diseño urbano sino del plan de negocio, en este caso, de una entidad financiera (mayoritaria en DCN). El plan de negocio es sin duda fundamental para cualquier actividad económica pero no el único factor a tener en cuenta y menos si de lo que se trata es de un patrimonio de suelo público.

Para fijar con claridad mi posición en relación con Madrid Nuevo Norte, diré que creo que para Madrid es muy conveniente un centro de negocios potente en torno a la nueva estación de Chamartín como nodo de movilidad del norte del área metropolitana.  Creo que es imprescindible conectar los barrios de las Tablas y de Fuencarral y Tres Olivos y que es necesario solucionar el deterioro urbano de la zona de Fuencarral Malmea (todo hay que decir, que no por culpa de sus propietarios, industrias del ámbito, sino por la imposibilidad de mejorar nada porque estaba desde hace más de 25 años sometido a la operación urbanística de ADIF).

Pero el planeamiento que finalmente se ha aprobado, y a pesar de los esfuerzos municipales, ha estado presidido más por la soberbia y la altivez del negocio que por los componentes técnicos y legales que han configurado la cultura urbanística de los últimos años.

Mi augurio es que estas circunstancias llevarán la MPG a los Tribunales y que estos encontrarán deficiencias jurídicas en el documento. Una vez más el Centro de Negocios de Chamartín y la solución de Fuencarral Malmea quedará en el aire.

 

Has realizado proyectos de regeneración paisajística de pequeña escala, pero con magníficos resultados como los del Tajo en Toledo. ¿Crees en los proyectos estratégicos como palanca de cambio de las ciudades intermedias?

Sí lo creo. Lo creía antes, pero una reciente sesión en Murcia organizada por el Colegio de Arquitectos murciano y por el Ayuntamiento de la ciudad, con motivo del soterramiento del AVE que denominan “Conexión Sur”, me reafirmó. El arquitecto y político Ibon Areso explicó la lógica implacable del Plan General y los proyectos urbanos en la extraordinaria transformación positiva de Bilbao, desde su propia experiencia iniciada a principios de los años 90 como arquitecto contratado para dirigir la oficina del plan, después siendo concejal de urbanismo (y finalmente Alcalde) y ejecutando lo proyectado con más de cien planes intermedios.

La legislación y la práctica urbanística vasca son, además del indudable factor positivo (al menos para ellos) del concierto económico, un ejemplo que deberíamos analizar con mayor dedicación desde Madrid.

 

Has tenido siempre una proyección internacional. ¿En qué te parece que se diferencian los procesos urbanísticos centro-europeos como los Zuidas, Orestad o Hafen City y la propia participación de los técnicos en estos, con nuestra situación actual?

En lo que yo conozco de las operaciones urbanísticas centroeuropeas, especialmente de Alemania, Holanda y Dinamarca, hay factores diferenciales muy importantes con respecto a las españolas. El primer factor es que no está establecido necesariamente que una operación inmobiliaria sea, por el mero hecho de plantearse, una cuestión que debe defender la derecha y con la que la izquierda deba estar en contra. La participación ciudadana y la más larga experiencia democrática, atemperan mucho los prejuicios ideológicos.

El segundo factor es que la opinión técnica o profesional es mucho más respetada.

Un tercer factor es que la tensión sobre el valor del suelo, característica de la equidistribución urbanística española, es mucho menor porque las actuaciones urbanas importantes lo suelen ser sobre suelos públicos históricamente adquiridos por las Administraciones con tal fin.

La ordenación urbana centroeuropea, con estas premisas, se esfuerza en resolver la escena urbana, el espacio público y la arquitectura con mucha mayor innovación y reflexión disciplinar.

  

Has escrito también sobre “El contexto de la corrupción urbanística. Algunos criterios necesarios para dificultar su proliferación” ¿Podrías explicarnos en qué consistirían estas actuaciones?

El conjunto de protocolos que se deducen de las infinitas normas urbanísticas existentes es inmanejable y solo se materializa en actos físicos concretos de intervención en la ciudad cuando se conculcan (invito a que se me presente cualquier intervención física en la ciudad de la que no pueda señalar un pequeño o gran incumplimiento de alguna de las normas que la regulan).

Por ello intervenir en el planeamiento (como instrumento del urbanismo) es hoy una actividad propia de “espeleólogos jurídicos” que se adentran en la procelosa caverna de la Norma Urbanística deduciendo de sus infinitos vericuetos interpretaciones discutibles (y discutidas en los Tribunales de Justicia), que dificultan extraordinariamente la pacífica intervención en la ciudad. Los procesos de inmersión en la Norma Urbanística han dado cuerpo a un mundo profesional que ha legitimado con sus “hallazgos normativos” verdaderas conculcaciones de la Razón y, sin duda, ha creado el caldo de cultivo adecuado para la corrupción. En la ambigüedad interpretativa es mucho más fácil “convencer” de determinadas decisiones políticas, que están envueltas en supuestos mantos de legalidad y que sin embargo han sido adoptadas mediando actos delictivos (como en tantas ocasiones se ha demostrado en los Tribunales). 

Por ello me parece que es imprescindible una simplificación de las normas que regulan la actividad urbanística que permita conocer cuando alguna acción urbanística es legal y cuando no con la mayor claridad posible.

 

A lo largo de tu carrera has realizado innumerables proyectos de viviendas, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid. ¿Qué piensas sobre la vivienda flexible y la necesidad de adaptar la misma a la nueva situación creada con el teletrabajo y el COVID?

Si por flexibilidad en la vivienda se entiende la existencia de paredes o mobiliarios móviles o diferentes formas de utilizar espacios conectados entre sí, creo que siempre es conveniente este tipo de posibilidades de uso. Sin embargo, deduzco de mi experiencia que en la promoción de viviendas más extendida y frecuente, este tipo de planteamientos no se tienen casi nunca en cuenta. Un personaje de la máxima importancia en la industria inmobiliaria es el Director Comercial. Este directivo suele determinar qué tipos de viviendas deben proyectarse en una promoción detallando hasta la exhaustividad todos los espacios y acabados y casi siempre de una forma extraordinariamente convencional.

Creo que la flexibilidad de la que venimos hablando, al menos desde la superación de las normas de “Existenzminimum” de los primeros congresos del CIAM, debe referirse más a la existencia de espacios intermedios, espacios ambiguos, que no estén penalizados por la Norma Urbanística. Si las terrazas no computaran como superficie edificada o determinados espacios previos a las viviendas de corredor tampoco lo hicieran o lo mismo sucediera con espacios comunitarios (en mayor medida que la actual), la repercusión del valor del suelo en el coste de la vivienda, que hoy es muy elevado, podría ser menor y se facilitaría un reparto de la edificabilidad más dirigida hacia estos espacios que no “computan”, y que en tipos residenciales tales como el coliving pueden ser muy demandados comercialmente y suponer una mejora sobre las características actuales del mercado normal de la vivienda.

En la vivienda protegida, además de la revisión necesaria de las normas de diseño, creo que sería muy deseable establecer el valor en venta de la vivienda o su alquiler, no en términos de superficie útil sino en superficies construidas, extendiéndose, por lo tanto, también la protección pública sobre espacios arquitectónicos no estrictamente dedicados a los usos residenciales tradicionales. La relación entre superficie útil y superficie construida, tan exageradamente perseguida hacia la menor posible y tan frecuentemente adulterada, no garantiza a día de hoy una mayor calidad de la vivienda.

 

¿Cómo ves el problema actual de la vivienda, la necesidad de inversión pública, el alquiler social, sobre todo para los más jóvenes? ¿Crees que se podría plantear una colaboración pública privada para mejorar la situación de exclusión social actual?

La vivienda social, subvencionada como se la llamaba con mayor exactitud en otros momentos, es imprescindible y una fórmula insustituible para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Y la política de vivienda social tiene diferentes formas de ser abordada: la construcción directa por organismos públicos para su venta o su alquiler, la construcción por particulares con tramitaciones de calificación de vivienda social para su venta o alquiler, la enajenación de suelos públicos o de derechos de superficie de los mismos para que la iniciativa privada o un sistema cooperativo reconstruido construya dichos suelos con unas determinadas condiciones, las expropiaciones con beneficiario establecido a cambio de la construcción de viviendas sociales, etc…

Sin embargo, ningún Estado moderno ha pretendido resolver el tema residencial sin la dedicación de una parte importante de los presupuestos públicos a construir y, en su caso, mantener importantes patrimonios públicos de vivienda en alquiler. Creo que hay que recuperar los patrimonios públicos de viviendas con inversiones directas muy potentes que, especialmente en Madrid, salven la inexistente inversión en los últimos 25 años. Las empresas municipales de vivienda deberían dedicarse no al segmento de la demanda que puede ser cubierto por el sistema cooperativo o por una promoción privada, hoy bastante convencida por la coyuntura, de dedicar parte de la inversión al “built to rent” y tradicionalmente eficaz en el “built to sale”, sino a  los sectores más desfavorecidos de la población y no solo construyendo edificios (es lo más fácil) sino gestionando de verdad (lo que exige dinero y formación) el patrimonio, manteniéndolo adecuadamente, permitiendo con fluidez la movilidad residencial, evitando las ocupaciones oportunistas y los tráficos ilegales de viviendas vacías, apoyando con ayudas sociales a los más desfavorecidos, etc.., a la manera tan experimentada en tantos países europeos o en EEUU.

Para una política residencial verdaderamente decidida a superar, en la mayor medida que se pueda, los desequilibrios cada vez mayores entre la población española, hay un tema del que prácticamente no se habla y que a mí me parece muy importante. Parece que se ha asentado la convicción (no solo legalmente sino como fórmula no contestada de administrar la cosa pública) de que los patrimonios inmobiliarios de las diferentes administraciones (ministerios, empresas públicas, ayuntamientos, consejerías, etc…) deben ser dedicados, además de a sus cometidos básicos, a la formación de parte de las partidas de ingresos de sus presupuestos. Las Administraciones deben “especular” con su patrimonio, como hemos visto en el caso de ADIF o vamos a ver próximamente con el caso de AENA, o tantos otros. Cuando un Ayuntamiento se dirige al Ministerio de Defensa, por poner un ejemplo, para que le ceda un cuartel en desuso, la negociación suele ser durísima y solo mucha capacidad política puede vencer supuestos jurídicamente muy atados para que el patrimonio no usado se enajene en subasta pública.

Sería relativamente sencillo disponer legalmente que los bienes en desuso de tantas y tantas Administraciones pasasen (ope legis) gratuitamente a las administraciones que se comprometieran a desarrollar en ellos viviendas públicas en alquiler.

Por otro lado, en municipios de un determinado tamaño no veo cual es el problema para dedicar parte de su patrimonio municipal de suelo a concursos de derechos de superficie para fórmulas de alquiler con precios tasados pero con tasas internas de retorno suficientemente atractivas para la iniciativa privada. Una lealtad entre Administraciones y particulares basada en la calidad de los contratos, su cumplimiento inflexible, y la rapidez de los trámites puede ser muy favorable para dar un impulso al problema de la vivienda en España o al menos (dada la dispersión competencial) en Madrid.

 

¿Qué puede aportar la ciudad mediterránea, densa y diversa al debate urbano en la actualidad, frente al modelo anglosajón, más aún en la situación actual con el COVID?

El modelo anglosajón de ciudad jardín no es ni social, ni económicamente, ni energéticamente sostenible. Su extensión y poca densidad  exige una movilidad que no puede afrontarse por el transporte público y conlleva unas pautas de consumo que degradan los tejidos comerciales tradicionales, tensionan extraordinariamente las actividades básicas como la sanidad y la educación, propician el aislamiento social y generan (por sus necesidades energéticas y, especialmente, por la movilidad particular disparada que generan) una cantidad muy importante del vertido de gases de efecto invernadero. Es lógico que con la situación de confinamiento se añore (por aquellos que no lo tienen) una casa con jardín. Pero volver al modelo de ciudad jardín es, sencillamente, imposible si no queremos tener, con cierta proximidad en el tiempo, una pandemia mucho mayor que la actual, producida por el calentamiento de la superficie terrestre y de efectos posiblemente más devastadores.

La ciudad mediterránea (y la europea no mediterránea pero de fundación anterior al siglo XIX) tienen densidad y compacidad suficientes para ser ejemplos de “buena vida” siempre que sepamos superar los hacinamientos y la formación de guetos. Para ello intervenir en los cascos consolidados es imprescindible y ya he dado alguna opinión de como creo que hay que hacerlo. Creo incluso que la imaginación arquitectónica y urbanística y, sobre todo, la inteligencia política, pueden generar en los cascos de la ciudad europea nuevos espacios libres bien tratados que atemperen la natural demanda de menor hacinamiento.

 

Artículos de Enrique Bardají en planur-e:

#12 - Invierno 2018: La ordenación urbana del ámbito "Mahou Calderón" (Madrid)


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