El pasado 12 de diciembre se cerró en París la cumbre del clima COP21 en la se aprobó un acuerdo para frenar el cambio climático. Si se repasan los titulares de prensa de casi todos los periódicos de la mayor parte de los países que se caracterizan por contribuir de forma muy importante al cambio climático, parece que estamos ante un “acuerdo histórico”. Que, por fin, el mundo se ha puesto de acuerdo en atajar de forma efectiva una de las consecuencias importantes de haber sobrepasado la biocapacidad del planeta. Son escasas las buenas noticias de este tipo y lo cierto es que alegra saber que, después de tantos años de negar un cambio en el clima debido a causas humanas, y luego de tratar inútilmente de hacer algo, parece que empiezan a producirse respuestas adecuadas.

Pero si se va más allá de los titulares y, sobre todo, si se lee el acuerdo alcanzado, ya no parece tan “histórico”, y surgen dudas bastante consistentes sobre su efectividad real. Probablemente una de las mayores preocupaciones es que se trata de un texto redactado de forma tan vaga y abierta que es susceptible de las interpretaciones más encontradas. Pero es que, además, a pesar de la afirmación de ser un acuerdo vinculante, no lo es en lo que se refiere a uno de sus aspectos más importantes, al compromiso de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. 

En el fondo se sigue confiando en los mismos mecanismos que ya han demostrado su inoperancia. El principal consiste en la creación de un mercado del carbono basado en tres elementos: la emisión, la captura y almacenamiento, y el dinero. Ya se ha demostrado en repetidas ocasiones que los intentos de mercantilizar el problema no lo han resuelto sino que lo han agravado. Pues bien, este “acuerdo histórico” se basa en un sistema como el descrito, ya ensayado desde la aprobación del protocolo de Kyoto, y que no ha servido prácticamente para nada. Y eso, independientemente de cuestiones colaterales tales como el aumento de las desigualdades o las injusticias territoriales que se ven notablemente aumentadas.

En la parte positiva habría que situar el compromiso de lograr, por parte de los países desarrollados, que se movilice para el 2025 la cantidad de 100.000 millones de dólares anuales, de forma que los países con menos recursos puedan reducir sus emisiones contribuyendo a la mitigación del cambio. El problema es que el sistema se basa, en una buena parte, en el mercado aludido en el párrafo anterior y que ya ha demostrado su inutilidad. Por otra parte, se deja la posibilidad de ayudar a la adopción de medidas de adaptación destinadas a los países que sufran los mayores efectos, a una futura decisión de la cumbre.

Pero, sobre todo, la desesperanza surge cuando atendemos a lo que no está. No están las emisiones generadas por el transporte aéreo y marítimo. No está la cuestión fundamental de la justicia climática. No está el tema de los refugiados climáticos. No está la desinversión en combustibles fósiles. No están los incentivos a las renovables. No aparece ni una línea dedicada al fracking. Y cuando se menciona el tema de la descarbonización económica sólo aparecen vagas referencias a un equilibrio entre la emisión de gases y los sumideros, o a la necesidad de que se alcance el pico de emisiones con la mayor rapidez posible.

El principal instrumento con el que se cuenta desde el punto de vista de la mitigación, las llamadas “contribuciones nacionales”, resulta que plantean para final de siglo un incremento de la temperatura de hasta 3º. Un mal comienzo, si como se afirma el objetivo a conseguir es de 2º y, a ser posible, 1,5º. Por eso ha sido necesario establecer en el acuerdo que estas contribuciones se revisen cada cinco años. Además, como resulta que los objetivos de reducción de emisiones de cada país no son vinculantes debido a la exigencia de que esto sea así por parte del segundo emisor mundial, los Estados Unidos, todo parece un poco cosmético. 

La cuestión, como se va viendo cada vez con mayor claridad, es que nos encontramos ante un problema planetario que exige soluciones planetarias, y que no se resolverá a partir de la exigencia de que las soberanías nacionales permanezcan incólumes. Es decir, que estamos necesitados de un gobierno mundial con capacidad de imposición a las diferentes naciones, que se encargue de redistribuir las cargas y beneficios de cambiar el modelo. Mientras tanto, situaciones intermedias como la posibilidad de una justicia climática, podrían ayudar a que viéramos el futuro con un mayor optimismo. Por desgracia este tema está ausente. Otra cumbre más, otra reunión más que se suma a las decenas de reuniones ya celebradas que sólo sirven para tranquilizar las conciencias de algunos pensando que “se está haciendo algo”.

En el fondo, casi todo el mundo confía en que el sistema será capaz de ajustarse sólo. Aun suponiendo que esto sea así, el ajuste se producirá a costa de que muchos sufran mucho. Es obligación de todos intentar controlar el proceso para minimizar los daños. Y habría que hacerlo por encima de egoísmos personales, intereses económicos basados en el corto plazo y una cierta ceguera congénita de parte importante de nuestra sociedad que le impide ver lo evidente. La esperanza es que cada vez más gente lo está intentando.

JOSÉ FARIÑA TOJO

Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid

Miembro del equipo redactor de la Guía metodológica de medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático del planeamiento urbano de la Red Española de Ciudades para el Clima, la FEMP y la Oficina Española de Cambio Climático.