Ángel Mª Marinero Peral es arquitecto urbanista. Actualmente es secretario general de medio ambiente, vivienda y ordenación del territorio de la Junta de Castilla y León, con más de treinta años de vinculación con el urbanismo ?trece como jefe del servicio de urbanismo y doce como director general, en este caso con competencias también en materia de vivienda. Ha concentrado su trabajo en la normativa urbanística, la regeneración urbana y la ordenación del territorio ?en particular fue el redactor de las leyes de urbanismo y ordenación del territorio de Castilla y León y de sus sucesivas modificaciones. Entre sus publicaciones figuran los códigos de derecho urbanístico de las 17 comunidades autónomas, que publica la Agencia BOE de forma continua desde 2014 con actualización semanal. Entre los numerosos instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial que ha dirigido o coordinado, hay que citar las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno (DOTVaEnt), que recibieron el Premio Europeo de Urbanismo en 2002, y el Programa de Actuaciones de Urbanización de Suelo (PRAU), que recibió en 2012 una mención especial del jurado del mismo premio.

Todo ello le convierte en un inestimable interlocutor para hablar sobre el territorio de Castilla y León.

Entrevista

> En una Comunidad Autónoma con un número tan importante de municipios, 2.248, con una dimensión poblacional muy diferente ¿Qué papel deben jugar las Normas Urbanísticas Territoriales?

Las NUT son un instrumento para responder a un problema real: la existencia, por razones históricas, de un altísimo número de municipios, en su gran mayoría de pequeña extensión y aún más pequeña población. Estos municipios, en general, no tienen entidad ni capacidad para aprobar un planeamiento urbanístico propio. Las NUT les proporcionan una ordenación básica, adaptada a sus circunstancias, con normas que bajan al detalle con visión comarcal. Las NUT dan seguridad jurídica para construir donde es posible hacerlo y protegen los ámbitos que lo merecen, trasladando a los planos las múltiples afecciones sectoriales que en sí mismas son abstractas. Ya se han aprobado NUT en 3 de las 9 provincias de la Comunidad, y están en proceso las demás.

> En relación con las Normas Subsidiarias Provinciales aprobadas en los años 90 ¿qué innovación suponen las NUT?

Es una nueva generación de instrumentos de intervención sobre el territorio, ya que realmente han pasado 25 años desde la aprobación de las Normas Subsidiarias Provinciales. Desde luego en los años 90 no teníamos la tecnología que ahora nos permite dibujar con detalle las afecciones de la normativa sectorial y ambiental, y la realidad de los ámbitos construidos y construibles en los núcleos de población y sus entornos. Añado además una mejor comprensión de las dinámicas territoriales, ahora que el suelo rústico evoluciona y se convierte en receptor de una variedad creciente de usos y actividades: por ejemplo, las instalaciones de generación de energías renovables nos plantean unos desafíos evidentes desde el punto de vista del paisaje recibido y el urbanismo histórico.

> ¿Crees que es adecuada la redacción de un Plan General cualquiera que sea la dimensión poblacional o complejidad urbanística de un municipio?

El marco normativo en Castilla y León solamente obliga a contar con planeamiento general a los municipios con más de 500 habitantes, que son menos del 20 % (445), pero albergan casi el 90 % de la población de la comunidad; de estos municipios “grandes”, tienen planeamiento general todos menos 32 (de los que 20 están en la provincia de León). Para los demás municipios, elaborar su propio planeamiento es una opción, que pueden tomar si entienden que sus problemas territoriales así lo requieren: suele ser el caso en ámbitos periurbanos o con vocación turística. Y de hecho son más de 500 los municipios “pequeños” con planeamiento general. Todo esto permite poner en perspectiva el dato que suele darse, 1.253 municipios sin planeamiento, más de la mitad. Pero es que ahí solo vive el 7 % de la población, con una densidad de 4,5 habitantes por km².

> ¿Cuál es el reto de coordinar planes generales municipales que se superponen? ¿Pueden activar sinergias o plantean una competitividad negativa?

Es sorprendente ver cómo en los ámbitos periurbanos se impone la coordinación sectorial: se coordina el transporte público, el ciclo del agua, la gestión de residuos, la seguridad… hasta la promoción turística. Pero los ayuntamientos son reacios a la coordinación de sus políticas urbanísticas, no hablemos ya de integración. Creo que realmente lo perciben como el último reducto de su autonomía, tan quimérica en nuestro mundo actual. Ahora bien, la competencia entre los municipios de las periferias, entre sí y con la ciudad central, no es necesariamente negativa. En las áreas urbanas de Castilla y León, una ciudad de superficie reducida está rodeada de un alto número de municipios de pequeña extensión, que generan centralidades con actividad y dinamismo; si lo comparo con las áreas urbanas de la mitad sur de la península, donde las ciudades tienen términos mucho más extensos, creo que la calidad de los desarrollos periféricos resulta aquí superior.

> ¿Qué supone el reto de dar coherencia a una suma de iniciativas sectoriales? ¿Podría ser un ejemplo el Plan Regional de la plataforma logística de Miranda del Ebro?

La primera pregunta es en realidad una respuesta, pues es una de las definiciones clásicas de la ordenación del territorio, o al menos uno de sus elementos básicos. El plan regional que citas es uno de los 33 planes y proyectos regionales aprobados como instrumentos de intervención directa en el territorio de Castilla y León. Es una visión nueva de los planes de ordenación territorial, menos ambiciosa en cuanto a la extensión ordenada y sobre todo en cuanto a sus objetivos, pero más efectiva en el corto y medio plazo, de un modo que permite confiar en sus efectos indirectos perdurables. Una visión más realista, teniendo en cuenta las tremendas dificultades que supone aprobar hoy en España unas directrices de ordenación territorial o las figuras equivalentes; de hecho en 2023, en toda España solo se aprobó un plan de ordenación del territorio “clásico”. Seguiremos hablando de esto.

> Para la gestión del día a día ¿se ha planteado la existencia de oficinas comarcales?

En Castilla y León el contraste entre las áreas urbanas y el medio rural es acusado y deja poco espacio a la visión comarcal. Está presente para los equipamientos de atención directa a las personas: la sanidad, la educación, los servicios sociales. Pero en el ámbito de la planificación urbanística, las ciudades y los municipios de su entorno gestionan sus propias necesidades de asistencia técnica, mientras que la multitud de municipios rurales tienen una actividad discreta, que se cubre bien con el apoyo de las administraciones regional y provincial.

> ¿Sigue siendo válido hoy en día, el acompañamiento que prestan las Diputaciones a los Ayuntamientos en materia urbanística y de servicios?

Esta pregunta enlaza con la anterior: los datos demográficos que he citado antes hacen que las diputaciones provinciales aquí tengan sentido. 1.253 municipios sin planeamiento propio, que entre todos albergan a 180.000 personas (la media es 146 habitantes por municipio), necesitan apoyo técnico, económico y organizativo. Así que si no tuviéramos a las diputaciones, tendríamos que inventarlas.

> La población de las áreas rurales continúa disminuyendo ¿Llevaría esto a pensar en priorizar algunos núcleos o villas desde el punto de vista urbanístico y de servicios en detrimento de otros lugares?

El verbo “priorizar” es problemático porque sugiere un contexto de bote salvavidas: unos se salvan y otros quedan atrás. Los urbanistas tenemos tendencia a olvidar que nuestra prioridad, y aquí sí me gusta el verbo, son las personas. Para la calidad de vida de las personas, para que vivan donde quieran y donde les convenga, hay que organizar los servicios públicos con racionalidad y con lógica. Puede que no tenga sentido tener abierto un centro de salud sin pacientes, pero tampoco es justo tener que recorrer más de cien kilómetros para recibir un tratamiento oncológico. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Seguimos hablando de ordenar el territorio, pero lo que hacemos con los servicios públicos es gestionarlo. Gestionar bien el territorio es trabajar por y para la igualdad. 

> ¿En qué medida resulta interesante para el futuro de Castilla y León el aumento de la población extranjera, que hoy ya supone el 7,04% del total?

Desde luego este debate excede el ámbito regional. Las sociedades desarrolladas envejecen, nos falta mano de obra en sectores clave, la población activa apenas alcanza para pagar las pensiones y los gastos sanitarios de nuestros mayores. La inmigración es una solución a corto plazo, pues la experiencia histórica es que la segunda generación se comportará igual que la población original. Dicho eso, es indudable la contribución de la oleada reciente de inmigrantes al dinamismo social y económico, e incluso a la supervivencia del medio rural: en muchos pueblos de Castilla y León la mayor parte de los niños son hijos de inmigrantes recientes, que mantienen abiertas las escuelas y dan vida y alegría a los pueblos. Y donde antes no teníamos un problema de vivienda, ahora es acuciante.

> ¿En qué medida se han seguido las Directrices de Castilla y León? ¿El sistema de núcleos ha servido para reforzar el sistema territorial? ¿Siguen siendo válidos los principios que las impulsaron?

Los principios que inspiraron las Directrices de Castilla y León siguen vigentes, y los objetivos marcados también, siempre que entendamos todos ellos en un sentido no literal sino dinámico, adaptado a la evolución de las circunstancias. En un plano administrativo su efecto más evidente es la organización racional de los servicios públicos, cuyos frutos se observan en la gestión cotidiana: en el día a día llaman la atención las disfunciones, con una opinión pública y unos medios de comunicación muy atentos a la equidad entre territorios; pero la comparación objetiva entre las quejas puntuales y el conjunto muestra un sistema globalmente operativo. Entrando al detalle, la asignatura pendiente es el desequilibrio territorial entre las provincias castellanas, salvo Ávila, integradas en una economía de fuerte base industrial, con niveles de desempleo en mínimos, y las provincias leonesas, más Ávila, aún muy apoyadas en el sector primario, con alto desempleo y donde la despoblación es un fenómeno activo. Bajando a los núcleos intermedios el diagnóstico se repite, por supuesto con matices locales: entre la prosperidad de la Ribera del Duero, basada en un sólido sector agroalimentario pero con alta diversificación, y la atonía que se percibe en el oeste zamorano (comarcas de Alba, Aliste y Tábara). Más cerca de nuestra disciplina, las ciudades y núcleos medios han aprovechado sus planes para completar equipamientos, dotaciones, servicios e infraestructuras, y como sucede en gran parte de España, el aumento de la calidad urbana resulta evidente; aquí el problema acuciante es la escasez de vivienda asequible. Pagamos ahora no solo los excesos de la “burbuja” de hace 20 años, sino también la reacción exagerada en sentido contrario, que hace que hoy sea prácticamente imposible desarrollar suelos urbanizables exteriores a la trama urbana.

> En estos tiempos que todo va tan deprisa ¿Crees que se puede llegar a ver el planeamiento como un instrumento obsoleto abriendo una vía hacia directrices o estrategias?

Cada instrumento de ordenación debería encontrar su nivel de compromiso de una forma adaptada a su horizonte temporal y a su ámbito territorial. Nuestras ciudades (entendemos así a los 16 municipios con más de 20.000 habitantes) tienen todas ellas planes generales adaptados a la normativa y, con matices, a la evolución de sus circunstancias. Su grado de determinación es en general prudente, con cierto grado de apertura a la incertidumbre. De ahí que no se perciban conceptualmente como obsoletos, ni por las administraciones ni por empresas o profesionales. Pero tampoco estamos ajenos al debate nacional sobre la evolución hacia planes más estratégicos en el nivel de los planes generales, y más ejecutivos en el nivel de los planes de detalle. En ese sentido hemos empezado a trabajar en un borrador de reforma sobre la base (deseada) de aprobación de la modificación de la ley básica de suelo que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, que abre una ventana de oportunidad a la evolución disciplinar.

> Más que por una imagen final ¿se podría apostar por documentos más flexibles que atendiesen a situaciones coyunturales, a veces decisivas para la ciudad?

Yo creo que llevamos 20 años haciéndolo: esa fue la idea imperante en los primeros años del siglo, cuando surgían oportunidades de inversión inesperadas que no se querían desaprovechar, y también durante la crisis posterior. Precisamente lo que temo es lo contrario, que nuestras ciudades carezcan de un proyecto urbano, algo tan sencillo cómo saber (o haber pensado) hacia dónde sería bueno que la ciudad orientase sus energías, qué iniciativas se desean y cuáles no. En su ausencia, los órganos decisorios se muestran favorables a todo, literalmente. Y claro, todo no puede ser: si has favorecido la implantación de grandes centros comerciales en la periferia, ¿por qué te sorprendes del declive del comercio en el centro? Si permites la apertura sin control de las llamadas “viviendas de alquiler turístico” (mal llamadas porque no son viviendas) ¿por qué te sorprende la carestía, incluso escasez, de la vivienda en alquiler convencional?

> Actividades culturales como “Las edades del hombre” que desde los años ochenta recorren el territorio castellano, con salidas incluso al extranjero como a Amberes y Nueva York, más allá de una puesta en valor del rico patrimonio castellano ¿Qué han supuesto para la visibilización de los lugares en que se han celebrado? ¿Suponen un motivo para la regeneración urbana? ¿Para la revitalización de los lugares?

“Las edades del hombre” es un proyecto cultural de éxito indudable: piensa que se remonta a los años 80 y que ha sido profusamente replicado. Desde luego jugó un papel en el origen del “turismo urbano”, cuya difusión es hoy extraordinaria. La renovación de los centros históricos, con una rehabilitación edificatoria masiva, la apertura de comercios y empresas de formato novedoso… son señales positivas, a las que se une algo tan difuso y a la vez tan importante como el orgullo cívico. También tiene su “cara B” por el efecto sobre la vivienda que ya hemos citado, la saturación de los servicios públicos y el abuso del espacio urbano. Las ciudades se proclaman “amigas de la infancia”, pero no veo cómo podría vivir una familia con hijos pequeños en nuestros centros urbanos. Nadie vive, ni puede vivir, en la Plaza Mayor de Salamanca, ni en la de Valladolid.

> Otra variable importante de carácter cultural es el Camino de Santiago con una gran tradición y para el que se ha hecho una importante labor de ordenación ¿Cuál es a tu juicio la influencia que ha tenido o puede tener en la fijación de población y su calidad de vida en los lugares de su recorrido?

Al igual que “Las Edades del Hombre”, la revitalización del Camino de Santiago se explica en el contexto de nuestra sociedad del ocio, en la que triunfan los servicios vinculados al mismo. En este caso particular, los elementos de espiritualidad juegan un papel asociable al marketing. El Camino encaja de un modo perfecto en este marco socioeconómico actual, lo que se demuestra con los efectos que produce sobre la demografía de los pueblos por los que pasa.

> ¿Te parece positiva la incentivación del turismo en relación con un territorio que se vacía? ¿Cuál puede ser el impacto en un territorio con valores tan altos de carácter medioambiental, paisajístico y patrimonial y cuáles las medidas para su control?

Es de lo que estamos hablando, ya que hemos revisado en las anteriores preguntas sendas experiencias de indudable éxito en ese sentido. La realidad es que gran parte del territorio de Castilla y León se puede entender hoy como el ámbito exterior del área metropolitana de Madrid, en el que se prestan servicios de ocio destinados a su población. Esos servicios son rentables en la medida en que son accesibles tras décadas de mejoras en la movilidad: el coste de viajar de Madrid a Salamanca resulta marginal. Si saltamos de las ciudades al territorio, vemos que los efectos del turismo, aun teniendo elementos de riesgo, son siempre positivos en términos demográficos y socioeconómicos. Un problema mucho mayor nos amenaza detrás de dos tendencias territoriales más preocupantes: la intensificación agroganadera y la desconcentración de la producción energética. En ambos casos con una lógica económica potente, se está produciendo una transformación acelerada del paisaje en los territorios no protegidos, es decir, fuera de los espacios naturales declarados: por la dimensión de las nuevas instalaciones ganaderas (las “macro-granjas”), por el impacto de las actuaciones de modernización agraria, y por la ubicuidad de las instalaciones de generación de energía renovable, que solo están condicionadas por el acceso a la red eléctrica.

> ¿Ha cambiado en los últimos años la atención hacia la regeneración urbana? ¿Te gustaría reseñar alguna actuación que consideres ejemplar? ¿Cuáles serían las políticas más relevantes?

Retrocedamos solo diez años. En 2014, parece que hemos salido de la crisis, pero nadie quiere volver al urbanismo expansivo de la “burbuja”. Los efectos sociales de la crisis hacen evidente el deterioro acumulado en los barrios construidos durante las décadas de la industrialización y el éxodo del campo a la ciudad. Hablamos de un deterioro físico, con edificios de baja calidad constructiva, sin ningún aislamiento térmico, sin accesibilidad; también de un deterioro social, con huida de las capas de población que pueden permitírselo, dejando atrás a los más desfavorecidos, a los mayores, a los inmigrantes. Es la hora, pensamos entonces, de rehabilitar los edificios y de regenerar los barrios. En los años siguientes, esas ideas se oyeron con más fuerza en el mundo académico que en el técnico, se recibieron con más confianza en el ámbito administrativo que en el empresarial. La verdad es que no sabíamos por dónde empezar, ni cómo. Faltaba experiencia, faltaba “cultura de la rehabilitación”, faltaban instrumentos, normas y herramientas. Aprobamos entonces la primera “Ley de Regeneración Urbana” de España y, con el apoyo del Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid, desarrollamos una “Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León” para orientar a los ayuntamientos, a las empresas, a los profesionales; también para lo más difícil, “llegar” a los residentes, a las comunidades de propietarios, tan difíciles de convencer y de movilizar. Creo que fuimos pioneros, y los resultados se ven en las actuaciones desarrolladas.

> ¿La regeneración urbana ha de entenderse como una actividad pública o habría que potenciar el partenariado público-privado?

Tal como están diseñadas en la actualidad, las actuaciones de regeneración urbana son un ejemplo de partenariado público-privado: la iniciativa privada está presente en las propuestas, en el diseño de las actuaciones, en su gestión y por supuesto en la ejecución de las obras; la administración impulsa, aprueba, coordina, orienta, mantiene un control general y asegura la mayor parte de la financiación (aunque según el perfil socioeconómico del ámbito la aportación de los propietarios puede llegar al 50 %). En el campo empresarial, junto a las clásicas constructoras han surgido nuevas iniciativas de empresas especializadas en el diseño y la gestión de estas actuaciones. Y algo muy importante, son actuaciones donde se produce una auténtica participación de los afectados.

> De las 50 Áreas de Rehabilitación Integrada de Castilla y León de 2019 ¿Cuántas han salido adelante? y ¿Cabe reseñar la calidad de la actuación?

Las ARI (áreas de rehabilitación integrada) fueron una primera generación que se ejecutó en la primera década del siglo. Después de la crisis, las ARI dieron paso a las ARRU (áreas de rehabilitación y regeneración urbana) que verdaderamente han marcado el auge de la regeneración urbana. Recientemente, las ARRU a su vez han dado paso a los ERRP (entornos residenciales de rehabilitación programada). Son cambios de nombre a veces difíciles de entender, azarosamente impuestos por quien aporta financiación. Hay que tomarse estos detalles con paciencia porque lo importante es que las actuaciones salgan adelante y que realmente se rehabilite un número de viviendas cada vez mayor, y que se realicen otras actuaciones sobre el medio urbano que contribuyan a la regeneración de los barrios. Si el éxito de una actuación urbanística se mide en términos de satisfacción de los residentes, estas operaciones arrasan: las mejoras en el confort térmico, en la accesibilidad y en el entorno urbano son acogidas con entusiasmo una vez que han finalizado, aunque el proceso haya sido difícil. En el plano subjetivo, la recuperación del orgullo por el barrio quizás no pueda ponerse al mismo nivel que las mejoras materiales, pero creo que no puede despreciarse, porque atañe a la dignidad de las personas.

> ¿Es interesante la aportación de los Fondos Europeos? ¿Existen problemas en su gestión?

Los fondos “Next Generation” han permitido dar un impulso importante al conjunto de actuaciones de rehabilitación edificatoria y regeneración urbana que estaban en marcha, y a muchas que estaban en espera. Veo al sector poco consciente de la suerte que hemos tenido al disponer de un marco conceptual con amplio consenso: había y hay un acuerdo muy grande sobre lo que hay que hacer. Eso ha permitido encauzar los fondos de una forma que a los implicados les parece evidente. Pero eso no ha sido así en muchos otros sectores (por ejemplo en medio ambiente, o en las telecomunicaciones, o en el despliegue de las energías renovables) donde no había un grado semejante de consenso previo.

> ¿Qué aportan como innovación los programas Arquimilenios-Rehabitare?

El programa ARQUIMILENIOS fue una iniciativa muy popular en torno al cambio de siglo, que se enfocaba hacia la recuperación de edificios y espacios significativos para la identidad local. En cambio, el programa REHABITARE suma una dimensión social en el ámbito de la vivienda que ha supuesto un salto cualitativo. Se trata de rehabilitar edificios públicos (en general municipales) o institucionales (sobre todo propiedad de la Iglesia Católica), situados en pequeños municipios: la vieja “casa del maestro”, la “casa del médico”, muchas veces la “casa parroquial”, casi siempre en tipologías de vivienda tradicional, en pleno centro del pueblo, al lado de la iglesia, en todo caso dentro de la trama urbana. Pues bien, una vez rehabilitadas, estas casas se destinan a vivienda en alquiler social. Si no hay familias en búsqueda de vivienda conocidas por el Ayuntamiento, las entidades del tercer sector colaboran en la búsqueda de inquilinos. Estos pueblos, a pesar de que pensemos que están llenos de viviendas vacías, en la práctica tienen una oferta de vivienda escasa o nula, y menos aún en alquiler. Esto es una gran dificultada para el asentamiento de nueva población, ya hablemos de jóvenes o de inmigrantes con recursos limitados. Para un pequeño pueblo, ver como, al mismo tiempo, se recupera su patrimonio y se asienta una nueva familia, es una suma de elementos positivos increíble. Hasta la fecha se han rehabilitado más de 450 viviendas distribuidas en casi 400 pueblos, y se ha asentado a 1.125 personas (unas 2,5 personas de media), añadiendo un impacto positivo en la económica rural, pues las obras se contratan individualmente, de modo que su ejecución se realiza por empresas locales.

> ¿Sigue siendo la rehabilitación privada una asignatura pendiente?

Creo que ya no lo es. En cierto modo, somos presa de un espejismo, que consiste en comparar la rehabilitación actual con las cifras de nueva construcción de hace 20 años, un momento que fue realmente una anomalía en términos históricos. Hoy en día, una parte sustancial de la actividad del sector de la construcción en nuestras ciudades se centra en la rehabilitación. Es verdad que la financiación pública es un aliciente muy importante, y que también juega un papel la fuerte restricción a la clasificación y desarrollo de nuevo suelo urbanizable, que se da en la práctica por una combinación de factores normativos, sociales y económicos. Pero por encima de todo quisiera destacar el papel de los nuevos actores que han surgido desde el ámbito privado e institucional: en el campo empresarial está AEICE, el Clúster del Hábitat Eficiente, que agrupa a más de 150 socios de la cadena de valor del sector del hábitat, orientada hacia la mejora competitiva de las empresas mediante la innovación colaborativa; en el campo técnico, el Instituto de la Construcción de Castilla y León, una fundación privada, mantiene una gran actividad en proyectos de investigación, innovación y tecnología aplicada para apoyar a los profesionales y empresas del sector; por último, en el campo social, la Fundación Laboral de la Construcción desarrolla una gran variedad de tareas de formación, prevención de riesgos y profesionalización. Es un sistema en acción, al que nos gusta denominar el “ecosistema de la construcción sostenible”.

> En Castilla y León ¿Se sigue apostando por nuevos crecimientos ya sean residenciales o de actividad económica?

Los nuevos crecimientos residenciales siguen siendo legalmente posibles, pero un conjunto de factores normativos y sociales los restringen de forma significativa en la práctica; en particular, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se ha pronunciado de forma muy restrictiva en algunos casos concretos. En cambio, pasa lo contrario con el suelo destinado a actividades económicas, tanto si son de uso industrial clásico, como respecto de las nuevas áreas comerciales y sobre todo de las áreas logísticas, cuya superficie media no deja de crecer, en respuesta a una demanda también sostenidamente creciente. Hay que tener en cuenta que todas estas actividades requieren, cada vez más, un nivel de servicios, equipamientos y accesos difícil de conseguir en emplazamientos aislados en el suelo rústico, lo que unido a consideraciones de seguridad y de imagen, han hecho crecer la demanda de suelo no residencial, y a su calor han surgido múltiples iniciativas. Además de las estrictamente privadas, por su tamaño y relevancia territorial vuelvo a citar los 33 planes y proyectos regionales mediante los cuales se han aprobado desarrollos de este tipo distribuidos por toda la Comunidad.

> En una Comunidad Autónoma con una baja dependencia de los combustibles fósiles, entiendo que se han planteado políticas de interés para la implantación de las energías renovables, ya sean eólicas o huertos solares ¿Cuáles son éstas? ¿Tienen capacidad para ser replicadas en otras Comunidades, ante el impacto que pueden suponer?

Ya hemos hablado del impacto sobre el medio rural que está teniendo el despliegue de las instalaciones de generación de energía renovable: impacto positivo desde el punto de vista de la transición energética, la descarbonización y la lucha contra el cambio climático; impacto positivo también para las economías locales, públicas y privadas; impacto preocupante desde la perspectiva del paisaje y el medio natural. Hay un importante debate social, y creciente. Pero hablando de energía, quisiera terminar con otra historia de éxito, muy reciente. ¿Qué tienen que ver la energía y el urbanismo? Llevamos más de una década escuchando esa pregunta mientras hablábamos de la necesidad de integrar ambos campos, o al menos de acercarlos, de que se tengan en cuenta. De pronto una guerra hace que todos, no solo los urbanistas, se preocupen por la energía. En las ciudades de Castilla y León, la idea de implantar redes de calor a escala de barrio alimentadas con la biomasa de nuestros bosques (sí, la que ya no se aprovecha para usos tradicionales y está detrás de gran parte de los incendios forestales) se recibía con escepticismo, solo hace un lustro. Pues bien, en un tiempo récord, el éxito de las redes de calor “piloto” que ya funcionan en Valladolid y Burgos las ha convertido en la promesa estrella de las campañas electorales, sin que sea posible satisfacer una demanda social en explosión al ritmo requerido. En este momento, el programa de redes de calor públicas pretende suministrar 720.000 MWh/año de energía renovable para atender las necesidades térmicas de 51.000 viviendas y 452 edificios terciarios, logrando una reducción anual de emisiones de CO₂ de 163.000 Ton/año, con una inversión prevista de 188,2 M€, de los que ya se han ejecutado 42,9 M€. Las redes de calor se ejecutan por una empresa pública de la administración regional, y se alimentan de centrales de generación de calor alimentadas por biomasa. Se sustituyen así una infinidad de calderas individuales de combustibles fósiles. Además de la ventaja evidente desde el punto de vista ambiental, para Castilla y León tiene el elemento positivo añadido de que la producción de biomasa genera empleo en el medio rural profundo, y mejora la situación de los bosques, haciéndolos menos proclives a sufrir incendios. En resumen, una “revolución verde” en nuestras ciudades, y un proyecto de relevancia territorial en el medio rural.